En solo 7 meses se debe lograr firmar en la COP 21 de París un acuerdo mundial de acción conjunta contra el cambio climático que busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Para ello, esta semana en Alemania se llevará a cabo una nueva ronda de negociaciones climáticas con el fin de simplificar el borrador del texto de negociaciones, “Texto de Ginebra”, y definir el carácter legal que el nuevo acuerdo tendrá.

Más allá de lo que se discutirá esta vez, queda por definir para la mayoría de países cuales serán los compromisos que cada uno asumirá para reducir sus emisiones de GEI. En Latinoamérica, México ha sido el único en presentar una propuesta oficial comprometiéndose a reducir 25% de sus emisiones. En el caso peruano, hasta donde se sabe, el compromiso es que al 2020 el 40% de su matriz energética sea renovable. Una meta bastante ambiciosa ya que actualmente la mitad de su energía proviene del gas natural.

Con consecuencias como la disminución del 60% de agua disponible al 2040, una gran pérdida de biodiversidad y de cultivos básicos, y con un 89% de su infraestructura vial vulnerable; el Perú es considerado el tercer país más vulnerable a los efectos del cambio climático según el Tyndall Center de Inglaterra. Ante este panorama la iniciativa de dirigirse hacia fuentes de energías limpias es bienvenida en el país.

Visto su gran potencial en energías renovables, mostrado en su Plan Energético Nacional 2014-2025, la idea de impulsarlas es tentadora, sobre todo el caso de la hidroenergia. Sin embargo, esta iniciativa también puede ser fuente de nuevos conflictos socioambientales. En el 2011 el gobierno propuso construir 20 hidroeléctricas en el rió Marañón, y desde entonces, 3 de los lugares destinados a convertirse en represa ya tienen el permiso para comenzar a construir y otros 7 están siendo estudiados. La mayoría de poblaciones locales se oponen a estos proyectos y no van a cambiar de idea tan fácilmente. Cabe recalcar que los argumentos no son insignificantes: Inundación de tierras agrícolas, desplazamiento de miles de pobladores, generación de metano por la inundación de bosques, pérdida de biodiversidad endémica y de los servicios ecosistémicos brindados por el río, por nombrar algunas. No obstante, represar el Marañón tiene muy probablemente consecuencias que van más allá de la escala local y nacional. Recordemos que el Marañón es uno de los principales afluentes del Amazonas, al perturbar su caudal se perturbará seguramente el caudal del Amazonas con consecuencias potencialmente nocivas.

Como presidente vigente de la COP, es muy probable que Perú quiera mostrar su buena voluntad ante las Naciones Unidas comprometiéndose a impulsar inversiones en energías renovables con tal de cumplir los compromisos asumidos. A pesar de todo las inversiones en energías renovables van a ser necesarias y está en manos del gobierno peruano impulsarlas y llevarlas a cabo de forma responsable. Queda entonces por definir el precio socioambiental que el Perú esta dispuesto a pagar por su transición energética.